Desde hace más de ocho días están suspendidas las actividades de producción y exploración en el bloque CPO-5 y el área Gangotri, en el municipio de Cabuyaro (Meta), debido al bloqueo adelantado por un grupo de manifestantes.
La compañía operadora informó que la afectación económica para el Estado colombiano se estima en aproximadamente ocho mil millones de pesos por concepto de regalías y derechos económicos no percibidos durante este periodo de cese forzoso.
La situación ha escalado al punto de comprometer la estabilidad de cerca de 200 empleos vinculados a empresas contratistas y generar un riesgo ambiental latente en el territorio, debido a la imposibilidad de ejercer control operativo en sitio sobre las instalaciones petroleras.
Ante la magnitud de las pérdidas, la empresa inició el proceso de declaración de fuerza mayor para los contratistas impactados en las distintas locaciones.
Demandas locales frente a requisitos técnicos
El origen del conflicto radica en exigencias de los manifestantes para que se incorporen servicios como equipos tipo manlift y se reabra el proceso de servicios de casino con participación exclusiva de firmas locales.
ONGC Videsh Limited señaló que las empresas interesadas no acreditan los requisitos técnicos indispensables, algunos de los cuales ya fueron evaluados para la campaña de perforación de 2026, que inicia con el pozo exploratorio Cante Flamenco–3.
Se han presentado solicitudes del gremio gastronómico para incluir cargos que no corresponden a las actividades propias de la industria de hidrocarburos.
La operadora, que ya ha instaurado acciones legales contra los promotores de los bloqueos, ratificó su rechazo a las vías de hecho y solicitó el acompañamiento de la Policía Nacional y las autoridades nacionales para restablecer la legalidad en la zona.
No pueden actuar
Territorio Guayupe conoció que la decisión de la intervención policial está a cargo del alcalde de la población, José Andrés Castañeda Martínez, pero no actúa debido a que no hay presencia de algún representante de la Personería Municipal para que sea garante en la crisis y vele por los derechos de las partes.
