Si usted ostenta un cargo público que ejerce autoridad civil, política, administrativa o sean ordenadores del gasto, y su mirada está puesta en las elecciones de octubre de 2027, tiene una fecha límite: el 30 de junio de 2026.
Según el abogado y magíster en Derecho Público, Saúl Onofre Villar Jiménez, esta es la fecha clave para dejar el cargo y evitar que la elección sea anulada. Advirtió que existen dos versiones en el Consejo de Estado relacionadas con el momento de la renuncia.
La Sala de Consulta y Servicio Civil dice que el tiempo de inhabilidad cuenta exactamente 12 meses antes del día de la votación, mientras que la Sala de lo Contencioso Administrativo sostiene que la inhabilidad comienza desde el primer día de la inscripción de candidaturas.
El consejo del experto
Saúl Villar me explicó que pese a existir las dos posturas, la segunda versión proviene del Contencioso Administrativo, que es la sala con el poder de decidir sobre procesos de nulidad electoral, es decir, son quienes pueden quitarle el cargo a la persona ganadora.
Para evitar demandas y asegurar que el sueño político no termine en los estrados judiciales, él recomendó no correr riesgos, por eso es preferible renunciar a más tardar el 30 de junio, para cumplir con el tiempo necesario y competir con total tranquilidad legal.
¿Qué consecuencias legales tiene no renunciar a tiempo?
No presentar la renuncia dentro de los plazos legales establecidos, conlleva riesgos graves para cualquier funcionario que pretenda ser elegido en los comicios de octubre de 2027, lo primero que ocurre es que automáticamente se inhabilita para participar en la contienda.
Si decide seguir adelante con la candidatura estando inhabilitado y resulta ganador, esa elección puede ser demandada y el proceso pasa a manos de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que es la autoridad encargada de resolver.
La mayor consecuencia es la nulidad de la elección. Pese a tener la mayoría de los votos y que esté ejerciendo sus funciones, pueden anular su credencial y retirarle del cargo por haber violado el régimen de inhabilidades al no retirarse en la fecha correspondiente.
El abogado Saúl Villar Jiménez enfatiza que renunciar a más tardar el 30 de junio, es la única forma de garantizar la seguridad jurídica del candidato y evitar que su carrera política termine en los tribunales.
