Tres actuaciones de la Procuraduría General de la Nación pusieron nuevamente la atención sobre decisiones administrativas y contractuales en el Meta. Las investigaciones involucran al ex director de Cormacarena, ex funcionarios de Puerto Gaitán y al ex alcalde de Acacías.
Ojo con la transferencia de $7.187 millones
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el ex director general de Cormacarena, Andrés Felipe García Céspedes, por presuntas irregularidades relacionadas con la transferencia de más de $7.187 millones realizada en 2021 para un proyecto de ciencia, tecnología e innovación relacionado con el conocimiento ambiental del Meta.
Cormacarena habría suscrito con Macarenia Corp un documento denominado Determinantes Generales y habría ordenado transferir la totalidad de los recursos en un único pago, bajo la figura de cuota extraordinaria, sin condicionarse al cumplimiento parcial de las actividades previstas.
La Procuraduría también cuestionó que no se hubieran constituido garantías para proteger los recursos públicos, y señaló que el instrumento utilizado para establecer las condiciones del proyecto, habría tenido características propias de un contrato, aunque no se habría tramitado mediante las modalidades establecidas por la legislación de contratación estatal.
El ministerio público también puso bajo revisión la utilización de la figura de cuota extraordinaria y advirtió que la asociación pudo haberse formalizado mediante un convenio especial de cooperación en lugar de un acto administrativo de transferencia unilateral de recursos.
Puerto Gaitán: investigan supuesto direccionamiento de contratos
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra cuatro ex funcionarios de la Alcaldía de Puerto Gaitán, por supuestas irregularidades en contratos adelantados por la administración municipal con el Fondo Mixto Sierra Nevada.
La actuación involucra al exalcalde Jorge Edelio Plazas Hernández; la ex secretaria de Hacienda Sandra Ivet García Vera; el ex director del Departamento Administrativo de Planeación José Leandro Arias Sosa y el ex secretario de Infraestructura Pública Agustín Alonso Torres González.
Se busca establecer si los entonces funcionarios habrían direccionado hacia terceros contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, evitando procedimientos obligatorios establecidos en las normas de contratación estatal y afectando presuntamente el interés general.
La Procuraduría ordenó practicar pruebas, entre ellas las versiones libres de los investigados y la solicitud de información a la Fiscalía sobre los procesos contractuales suscritos entre la administración municipal de Puerto Gaitán y el Fondo Mixto Sierra Nevada.
Cargos contra ex alcalde de Acacías
La tercera actuación implica al ex alcalde de Acacías Eduardo Cortés Trujillo, contra quien la Procuraduría formuló cargos por un presunto favorecimiento en una licitación pública relacionada con la contratación del apoyo logístico para las celebraciones del aniversario y otros festivales en 2023.
El exmandatario habría intervenido en el proceso para evitar que la licitación fuera declarada desierta y favorecer a una de las oferentes.
La decisión también cobija al entonces integrante del comité evaluador Jimmy Fernando Alarcón Jiménez, señalado de supuestamente habilitar una propuesta que no había presentado toda la documentación exigida, recomendar su adjudicación y suscribir el acta que terminó con la celebración del contrato OCA-777-2023.
La Procuraduría señaló que al parecer Cortés Trujillo habría apartado a las evaluadoras jurídicas y al jefe de la Oficina de Contratación, para posteriormente designar nuevos evaluadores y permitir que el proceso continuara.
El organismo calificó como gravísima, a título de dolo, la conducta atribuida al exalcalde, mientras que la señalada al entonces miembro del comité evaluador fue calificada como grave, también a título de dolo.
Estas tres actuaciones corresponden a procesos distintos y se encuentran en diferentes etapas. Las decisiones de la Procuraduría buscan determinar si existieron responsabilidades disciplinarias por actuaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos o procesos de contratación.
